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Tres medidas que afectan directamente a propietarios e inquilinos y que conviene conocer
El Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, introduce importantes novedades en materia de arrendamientos y procedimientos de desahucio.
Entre ellas destacan tres medidas que pueden tener una incidencia directa en el mercado del alquiler:
La suspensión de determinados procedimientos de desahucio.
La prórroga extraordinaria de determinados contratos de alquiler de vivienda habitual.
La enervación extraordinaria de los procedimientos de desahucio por impago.
Aunque las tres medidas tienen como finalidad reforzar la protección de los arrendatarios en determinadas circunstancias, no son lo mismo, no se aplican en los mismos supuestos y tienen consecuencias jurídicas diferentes.
Vamos a explicarlas de forma sencilla.
1. SUSPENSIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS DESAHUCIOS
Artículo 2 del Real Decreto-ley 29/2026.
La norma establece un régimen de suspensión de los procedimientos de desahucio hasta el 31 de diciembre de 2030 para determinadas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y carezcan de alternativa habitacional.
Pero hay que distinguir dos situaciones.
A) Cuando el demandante es una entidad inversora determinada
Se aplica cuando quien promueve el procedimiento es una entidad dedicada a adquirir inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados por un precio claramente inferior a su valor de tasación, con las finalidades descritas en el artículo 2.1.
Para que opere esta suspensión deben concurrir estas circunstancias:
El arrendatario o demandado se encuentra en situación de vulnerabilidad.
No dispone de alternativa habitacional.
En estos casos, el tribunal suspenderá el procedimiento mediante auto.
La medida también puede aplicarse aunque ya exista sentencia o resolución acordando el lanzamiento, siempre que éste no se haya ejecutado.
B) Cuando el demandante es otro tipo de propietario
Por ejemplo, un particular o una empresa que no se encuentre dentro del supuesto anterior.
En este caso, para que pueda acordarse la suspensión deben concurrir estos requisitos:
El demandado se encuentra en situación de vulnerabilidad.
No dispone de alternativa habitacional.
La Administración no le ha ofrecido una alternativa habitacional digna y adecuada.
No resulta aplicable la enervación extraordinaria del artículo 5.Dos.
El tribunal solicitará información a la Administración competente sobre los recursos disponibles.
Si no recibe respuesta o la Administración comunica que carece de recursos para proporcionar esa alternativa, el tribunal suspenderá el procedimiento.
¿Cuánto puede durar esta suspensión?
A diferencia del primer supuesto, aquí existe un régimen específico:
Se revisará cada doce meses.
Podrá levantarse si desaparece la vulnerabilidad.
También si se proporciona una alternativa habitacional adecuada y efectiva o el demandado la rechaza injustificadamente.
En todo caso, tendrá una duración máxima de tres años desde que se acuerde.
¿Y qué ocurre con el propietario?
La norma contempla una compensación a favor de los demandantes que sean personas físicas y de determinadas personas jurídicas dedicadas al alquiler habitual asequible o social.
La compensación puede comprender, con los límites legales, la renta contractual dejada de percibir, los suministros impagados y las costas procesales.
Hay además excepciones importantes: no procederá la suspensión cuando el demandante sea una persona física titular de dos o menos viviendas y se aprecie vulnerabilidad del arrendador, entre otros supuestos previstos en el artículo 2.2.
2. PRÓRROGA EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO DE ALQUILER: HASTA DOS AÑOS MÁS
Disposición final quinta del Real Decreto-ley 29/2026.
Esta medida no debe confundirse con la suspensión de un desahucio.
Aquí no estamos ante un procedimiento judicial, sino ante un contrato de arrendamiento que llega a su vencimiento.
La norma permite al inquilino solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años adicionales, por anualidades, siempre que se cumplan determinadas condiciones.
¿Qué contratos pueden acogerse?
Deben ser contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la LAU y estar vigentes en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley.
Además, debe producirse alguno de estos vencimientos antes del 31 de diciembre de 2028:
Finalización del periodo de prórroga obligatoria del artículo 9.1 de la LAU.
Finalización de las prórrogas tácitas de los artículos 10.1 y 10.2 de la LAU.
Finalización del periodo de tácita reconducción del artículo 1566 del Código Civil.
¿Qué requisitos debe cumplir el inquilino?
Hay dos condiciones fundamentales:
1. Estar al corriente del pago de la renta.
2. Haber estado al corriente de pago mensualmente durante los ocho meses anteriores.
¿Puede el propietario negarse?
Como regla general, no. La solicitud del arrendatario debe ser aceptada obligatoriamente.
No obstante, existen excepciones:
Que las partes acuerden otras condiciones.
Que se formalice un nuevo contrato.
Que el propietario haya comunicado, en los plazos y condiciones del artículo 9.3 de la LAU, su necesidad de recuperar la vivienda para sí o para sus familiares en los términos legales.
La norma exige que la necesidad sea real y acreditada, aunque la facultad de recuperación por necesidad no estuviera expresamente prevista en el contrato (esta novedad es muy importante para el arrendador en caso de que no haya incluido esta posibilidad en el contrato).
También hay una excepción específica cuando propietario e inquilino acuerdan renovar o celebrar un nuevo contrato con una renta al menos un 5 % inferior a la prevista en el contrato vigente.
¿Qué ocurre durante esos dos años?
Se mantienen los términos y condiciones del contrato en vigor.
La prórroga se solicita por anualidades y puede alcanzar un máximo de dos años adicionales.
Hay una precisión importante: esta prórroga extraordinaria es incompatible con la prevista en el artículo 10.3 de la LAU (de hasta 3 años en zona declarada tensionada), que tendrá carácter preferente cuando resulte aplicable.
3. ENERVACIÓN EXTRAORDINARIA: LA ADMINISTRACIÓN PUEDE EVITAR EL DESAHUCIO POR IMPAGO
Artículo 5.Dos del Real Decreto-ley 29/2026, que introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Esta es probablemente una de las novedades más relevantes desde el punto de vista procesal.
Hasta ahora, la enervación ordinaria permitía al arrendatario evitar la resolución del contrato y poner fin al procedimiento de desahucio por falta de pago si abonaba las cantidades debidas en las condiciones legalmente establecidas.
La nueva norma introduce una enervación extraordinaria que funciona de manera diferente.
¿Cuándo se aplica?
En los procedimientos de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas cuando:
El arrendatario se encuentra en situación de vulnerabilidad económica, acreditada legalmente.
No resulta aplicable el supuesto específico del artículo 2.1 del Real Decreto-ley.
La Administración competente no ofrece una alternativa habitacional adecuada.
¿Qué tiene que hacer la Administración?
Una vez acreditada la vulnerabilidad, se comunica inmediatamente a la Administración competente.
Esta dispone de un plazo máximo e improrrogable de dos meses desde la notificación para:
1. Ofrecer una alternativa habitacional adecuada.
O, en su defecto:
2. Pagar al propietario o consignar judicialmente la totalidad de las cantidades reclamadas, las que se hayan devengado hasta ese momento y las costas procesales.
Durante esos dos meses se suspende el procedimiento y, en su caso, el lanzamiento.
¿Y si la Administración no hace nada durante esos dos meses?
Aquí está la principal novedad.
Si transcurre el plazo sin que se haya ofrecido una alternativa habitacional ni se haya efectuado el pago íntegro o la consignación, la Administración queda automáticamente subrogada en la posición deudora del arrendatario.
Además:
No se podrá practicar el lanzamiento.
El contrato de arrendamiento seguirá vigente hasta su expiración mientras persista la situación de vulnerabilidad económica.
Es decir, la norma no establece una condonación de la deuda. Establece un mecanismo de intervención de la Administración que puede terminar asumiendo la posición deudora. Mil dudas me asaltan ¿Qué administración pública? ¿Cuánto tiempo tardará en pagar?
¿Puede el propietario haber requerido previamente el pago?
Sí. La enervación extraordinaria puede producirse incluso aunque el propietario haya realizado el requerimiento fehaciente de pago previsto para la enervación ordinaria.
Además, esta nueva modalidad es independiente de la enervación ordinaria: no computa como enervación anterior ni impide que el arrendatario pueda utilizar posteriormente, si procede, la enervación ordinaria.
4. ¿QUÉ MEDIDA SE APLICA EN CADA CASO?
Situación
Medida
Arrendatario vulnerable, sin alternativa habitacional y demandante incluido en el art. 2.1
Suspensión del desahucio
Arrendatario vulnerable, sin alternativa y demandante distinto de los anteriores, cuando no procede la enervación extraordinaria
Suspensión condicionada del procedimiento
Desahucio por impago, vulnerabilidad económica y ausencia de alternativa habitacional ofrecida por la Administración
Enervación extraordinaria
Contrato de vivienda habitual próximo a vencer, con los requisitos legales y pagos al corriente
Prórroga extraordinaria de hasta dos años
5. ¿QUÉ DEBEN TENER PRESENTE LOS PROPIETARIOS?
Desde el punto de vista inmobiliario y jurídico, estas medidas obligan a prestar especial atención a tres cuestiones:
Primera. Antes de alquilar, hay que analizar bien el perfil del arrendatario.
La solvencia, la documentación y la capacidad de pago siguen siendo elementos esenciales en la gestión del riesgo del alquiler.
Segunda. Los procedimientos de desahucio requieren un análisis más completo.
No basta con comprobar la existencia de impagos. También hay que determinar si concurren circunstancias de vulnerabilidad, si existe alternativa habitacional y qué obligaciones corresponden a la Administración.
Tercera. Hay que controlar las fechas de vencimiento de los contratos.
La nueva prórroga extraordinaria puede obligar al propietario a mantener el arrendamiento durante un periodo adicional, aunque haya llegado la fecha inicialmente prevista de finalización.
CONCLUSIÓN
El Real Decreto-ley 29/2026 introduce mecanismos de protección que afectan directamente a la relación entre propietarios e inquilinos.
Pero conviene no confundir conceptos: suspender un desahucio no es lo mismo que prorrogar un contrato, y la enervación extraordinaria no equivale a perdonar una deuda.
Para los propietarios, conocer estas novedades es fundamental antes de alquilar una vivienda, gestionar un impago o planificar la recuperación de un inmueble.
Y para los profesionales inmobiliarios, conocer la normativa no es un valor añadido: es parte esencial de un buen asesoramiento.