Tu privacidad en eXp
Usamos cookies para hacer funcionar este sitio y, con tu consentimiento, para medir cómo se utiliza y así poder mejorarlo. Acepta o personaliza tu elección por categoría. Política de cookies

El Real Decreto-ley 29/2026 introduce una de las novedades procesales más importantes en materia de arrendamientos: la llamada enervación extraordinaria de la acción de desahucio, incorporada mediante el nuevo apartado 6 del artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La medida tiene una particularidad muy importante: cuando un arrendatario se encuentra en situación de vulnerabilidad económica y no puede pagar las rentas, la Administración pública debe intervenir. Y si no proporciona una alternativa habitacional adecuada, tendrá que asumir el pago de la deuda para evitar que se produzca el lanzamiento.
Pero hay que entender bien cómo funciona, porque no significa que cualquier inquilino que deje de pagar pueda permanecer indefinidamente en la vivienda.
1. ¿Qué significa enervar un desahucio?
Antes de explicar la novedad, conviene recordar qué es la enervación.
La enervación es una posibilidad legal que permite al arrendatario evitar que prospere un desahucio por falta de pago, pagando o consignando las cantidades debidas en los términos establecidos por la ley.
Su consecuencia es muy importante saber que:
Se pone fin al procedimiento de desahucio.
El contrato de arrendamiento continúa vigente.
El propietario recupera las cantidades que se le adeudaban.
Ya existía en el LEC una enervación ordinaria, la cual sigue existiendo. La enervación ordinaria sigue regulada en el artículo 22.4 LEC y tiene limitaciones: con carácter general, no cabe utilizarla si el arrendatario ya ha enervado anteriormente o si el arrendador le ha requerido fehacientemente de pago con al menos treinta días de antelación a la presentación de la demanda y el pago no se ha efectuado al tiempo de presentarla.
Pero la novedad del RDL 29/2026 consiste en introducir una segunda modalidad: la enervación extraordinaria, que tiene un funcionamiento distinto y que no depende exclusivamente de que el inquilino pueda reunir el dinero para pagar.
2. ¿En qué casos se aplica?
La nueva regulación se encuentra en el artículo 5.Dos del RDL 29/2026, que introduce el artículo 22.6 LEC.
Su ámbito es concreto:
Procesos de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, regulados en el artículo 250.1.1.º LEC.
Por tanto, se aplica cuando el propietario reclama judicialmente la recuperación de la vivienda por impago de:
Rentas mensuales del alquiler.
Cantidades asimiladas a la renta que correspondan al arrendatario.
Otras cantidades cuyo pago haya asumido contractualmente el inquilino y sean reclamables en el procedimiento.
No se aplica a los siguientes procedimientos por el mero hecho de existir vulnerabilidad:
Desahucios por expiración del plazo contractual.
Recuperación de viviendas cedidas en precario.
Desahucios por ocupación sin título.
Procedimientos de recuperación de la posesión por otras causas distintas del impago.
Tampoco se aplica a las ejecuciones hipotecarias.
Una precisión: la enervación extraordinaria está excluida expresamente cuando resulte aplicable el régimen del artículo 2.1 del RDL 29/2026, es decir, determinados demandantes que adquieren inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados en las condiciones especiales descritas en ese precepto.
Por tanto, no todos los desahucios por impago entran en esta medida.
3. ¿A qué arrendatarios afecta?
No basta con ser arrendatario y deber varias mensualidades.
El artículo 22.6 LEC exige que se acredite que el arrendatario se encuentra en situación de vulnerabilidad económica, en los términos legalmente previstos.
Aquí hay que distinguir dos conceptos:
Vulnerabilidad económica: insuficiencia de recursos económicos para atender las necesidades básicas y las obligaciones económicas.
Vulnerabilidad social: situación de especial necesidad o riesgo social.
La nueva enervación extraordinaria exige específicamente vulnerabilidad económica. No basta con acreditar únicamente una situación de vulnerabilidad social.
Además, debe tratarse de la persona arrendataria de la vivienda objeto del procedimiento.
No es necesario que el arrendatario sea una persona de determinada edad, tenga hijos, sea pensionista o pertenezca a un colectivo concreto. Lo determinante es que reúna los requisitos legales de vulnerabilidad económica.
La norma tampoco establece que el arrendador tenga que ser gran tenedor.
Puede tratarse de un propietario particular, una sociedad o cualquier otro demandante, siempre que no concurra la exclusión específica del artículo 2.1.
4. ¿Quién tiene que pagar la deuda: el inquilino o la Administración?
Esta es la verdadera novedad.
La norma establece un mecanismo de intervención de la Administración pública competente en materia de vivienda.
Una vez acreditada la vulnerabilidad económica del arrendatario, se comunicará inmediatamente esta circunstancia a la Administración competente.
A partir de esa notificación, la Administración dispone de un plazo máximo e improrrogable de dos meses para adoptar una de estas dos soluciones:
Opción A. Ofrecer una alternativa habitacional adecuada.
La Administración puede ofrecer al arrendatario una solución habitacional adecuada.
En este caso, la Administración no tiene que pagar la deuda del alquiler por el mecanismo de enervación extraordinaria.
Es importante aclarar que ofrecer una alternativa habitacional no equivale, por sí solo, a enervar la acción: la enervación propiamente dicha se produce mediante el pago o la consignación íntegra de las cantidades debidas.
El procedimiento se archiva en cuanto al desahucio pero la reclamación de las cantidades impagadas continúa. Y aquí me pregunto: ¿al arrendador le conviene que la Administración le dé al inquilino una solución de habitabilidad o que se subrogue en la posición deudora del inquilino? Sabemos que la Administración tardará en pagar, pero acabará pagando pero el inquilino seguirá viviendo en la casa más tiempo. Sin embargo si el vulnerable económicamente se va a una vivienda facilitada por la Administración carecerá de bienes con los que hacer frente a la deuda, eso sí abandonará la vivienda antes.
Opción B. Pagar la deuda si no ofrece una alternativa habitacional.
Si la Administración no ofrece una alternativa habitacional adecuada, estará obligada a pagar al propietario o consignar judicialmente:
1. La totalidad de las cantidades reclamadas en la demanda.
2. Las rentas y cantidades que se hayan devengado hasta el momento del pago o consignación.
3. Las costas procesales a favor del propietario demandante.
No se trata, por tanto, de pagar solamente las mensualidades que dieron lugar a la demanda.
Se exige cubrir la totalidad de la deuda reclamada y las cantidades posteriores devengadas hasta el momento del pago o consignación, además de las costas procesales.
5. ¿Qué sucede durante esos dos meses?
Desde que se acredita la vulnerabilidad económica y se comunica a la Administración, se produce una consecuencia procesal inmediata:
Queda suspendido el procedimiento judicial y, en su caso, el lanzamiento.
Esto significa que:
El procedimiento no puede continuar su curso durante ese plazo.
No se puede ejecutar el lanzamiento mientras opera la suspensión.
La Administración dispone de dos meses para ofrecer una alternativa habitacional o realizar el pago correspondiente.
Es importante entender que no estamos ante una simple petición de aplazamiento del lanzamiento. La ley establece una suspensión del curso del procedimiento.
6. ¿Qué sucede cuando termina el plazo de dos meses?
Aquí debemos distinguir dos situaciones.
Primera: la Administración paga o consigna toda la deuda
Si dentro del plazo de dos meses la Administración paga o consigna judicialmente todas las cantidades debidas, lo cual nos resulta impensable:
El juzgado declarará enervada la acción.
El procedimiento de desahucio terminará.
El contrato de arrendamiento seguirá vigente.
El propietario habrá cobrado las cantidades reclamadas y las devengadas hasta el pago, además de las costas.
Es decir, el propietario recupera su crédito, pero no recupera la posesión de la vivienda.
El inquilino continúa en la vivienda y el contrato sigue en vigor.
Segunda: la Administración no ofrece vivienda ni paga
Esta es otra de las novedades más importantes.
Si transcurren los dos meses sin que la Administración haya ofrecido una alternativa habitacional adecuada ni haya pagado o consignado íntegramente las cantidades debidas, (lo cual parece lo más probable) se producen dos consecuencias expresamente previstas:
1. La Administración queda automáticamente subrogada en la posición deudora del arrendatario.
Esto significa que la Administración pasa a ocupar la posición deudora del inquilino en los términos establecidos por la norma.
No estamos ante una simple promesa de pago ni ante una ayuda económica voluntaria. La subrogación se produce automáticamente por mandato legal.
2. No podrá practicarse el lanzamiento.
El contrato de arrendamiento se mantiene vigente hasta su expiración, mientras persista la situación de vulnerabilidad económica en los términos legalmente previstos.
Por tanto, el propietario no recupera la vivienda por el mero transcurso de los dos meses.
Hay una cuestión que merece especial atención: la norma no establece una condonación de la deuda ni una extinción del contrato. Tampoco desarrolla con detalle todas las consecuencias de la subrogación administrativa respecto de las rentas futuras y las posibles reclamaciones posteriores. Habrá que estar atentos a su aplicación práctica y a la interpretación judicial.
7. ¿La enervación extraordinaria tiene las mismas limitaciones que la ordinaria?
No. Y esto es especialmente importante.
El artículo 22.6 LEC establece expresamente tres reglas:
Primera. Es independiente de la enervación ordinaria.
La nueva enervación extraordinaria no se confunde con la enervación ordinaria regulada en el artículo 22.4 LEC.
Segunda. No computa como enervación anterior.
Si el arrendatario utiliza esta modalidad extraordinaria, no se considera que haya enervado anteriormente a efectos de las limitaciones de la enervación ordinaria.
Esto significa que no pierde por ello la posibilidad de utilizar en el futuro la enervación ordinaria, si reúne sus requisitos.
Tercera. Puede aplicarse aunque el propietario haya requerido previamente el pago.
La norma permite expresamente la enervación extraordinaria incluso cuando el arrendador haya realizado el requerimiento fehaciente de pago previsto en el artículo 22.4 LEC.
Recordemos que ese requerimiento, realizado con al menos treinta días de antelación a la demanda y sin que se haya pagado la deuda, puede impedir la enervación ordinaria. Pero no la extraordinaria.
La nueva modalidad extraordinaria elimina ese obstáculo.
Por tanto, aunque el propietario haya enviado un burofax reclamando las rentas y haya esperado los treinta días legalmente exigidos, la enervación extraordinaria podrá producirse si concurren sus requisitos.
8. ¿En qué momento del procedimiento puede aplicarse?
La enervación extraordinaria puede tener una incidencia muy importante en el momento procesal en que se encuentre el desahucio.
No debemos pensar que solamente puede utilizarse al principio del procedimiento.
Hay dos escenarios:
A) Procedimientos iniciados después de la entrada en vigor del RDL 29/2026 (8-10-2026).
La nueva regulación se aplicará a los procesos de desahucio por impago que reúnan los requisitos del artículo 22.6 LEC.
La vulnerabilidad económica deberá acreditarse y, una vez acreditada, se comunicará inmediatamente a la Administración competente.
B) Procedimientos que ya estaban en marcha cuando entró en vigor el Real Decreto-ley.
Aquí entra en juego la disposición transitoria segunda.
Esta disposición extiende la enervación extraordinaria a las ejecuciones de resoluciones dictadas en procedimientos de los contemplados en el artículo 441.5 LEC que se encuentren en curso a la entrada en vigor de la norma, siempre que todavía no se haya practicado el lanzamiento.
Y añade algo especialmente relevante: antes de continuar el proceso deberá darse cumplimiento a la nueva obligación de enervación extraordinaria, cualquiera que sea la fase en la que se encuentre.
Por tanto, puede afectar a:
Un procedimiento de desahucio por impago que todavía no tenga sentencia.
Un procedimiento en el que ya se haya dictado sentencia y esté pendiente de ejecución.
Una ejecución en la que ya exista fecha señalada para el lanzamiento, siempre que éste todavía no se haya practicado.
Hay que tener presente que la disposición transitoria segunda se refiere específicamente a ejecuciones de resoluciones de los procedimientos contemplados en el artículo 441.5 LEC. No debe confundirse con una aplicación indiscriminada a cualquier procedimiento de desahucio.
9. ¿Qué consecuencias tiene para cada una de las partes?
Esta es la parte que más interesa a propietarios, arrendatarios y profesionales inmobiliarios.
Para el arrendatario
Puede permanecer en la vivienda si se cumplen los requisitos legales.
No necesita disponer personalmente del dinero para que opere el mecanismo de pago administrativo.
Si no hay pago ni alternativa habitacional, la Administración se subroga en la posición deudora.
No pierde por ello su posibilidad de utilizar posteriormente la enervación ordinaria.
Para el propietario
Si se paga la deuda, el contrato continúa vigente.
No puede obtener el lanzamiento mientras opere la suspensión o la consecuencia legal de no lanzamiento.
Tiene derecho a cobrar la totalidad de las cantidades reclamadas y devengadas hasta el pago.
Si se paga la deuda, el procedimiento termina, pero no recupera la posesión.
Puede dirigirse frente a la Administración en los términos derivados de la subrogación.
El requerimiento fehaciente de pago previo no impide esta modalidad extraordinaria.
¿Quién asume finalmente el coste?
La Administración competente en materia de vivienda es la obligada a realizar el pago o consignación en los términos del artículo 22.6 LEC.
Además, el RDL 29/2026 establece que la Administración General del Estado compensará los gastos en los que incurran las comunidades autónomas por la aplicación de esta medida (incluidas las forales).
Se exceptúan los posibles intereses que se devenguen por el retraso en el cumplimiento de la obligación de enervación.
En el País Vasco y Navarra, la instrumentación financiera se acordará bilateralmente conforme a sus respectivos regímenes económicos y financieros.
También se contempla que, una vez acordado el pago por el tribunal, la demora de la Administración en satisfacerlo al propietario genere los correspondientes intereses conforme a la legislación aplicable.
Por tanto, conviene distinguir entre la Administración que tiene que cumplir la obligación frente al propietario y la financiación que posteriormente pueda recibir de la Administración General del Estado.
10. ¿Qué ocurre si el arrendatario vuelve a dejar de pagar?
Aquí encontramos otra cuestión práctica importante.
La enervación extraordinaria mantiene vivo el contrato de arrendamiento. No supone una resolución contractual ni una condonación de las obligaciones futuras del inquilino.
Por tanto, el arrendatario sigue sujeto a las obligaciones propias del contrato.
Si vuelve a incumplir el pago de las rentas, el propietario podrá ejercitar las acciones que legalmente le correspondan.
Ahora bien, habrá que analizar en cada caso la situación de vulnerabilidad, la eventual subrogación administrativa y el alcance temporal de la protección que establece el artículo 22.6 LEC.
La norma no convierte el contrato en un arrendamiento gratuito ni establece una inmunidad permanente frente a futuros incumplimientos.
11. Esquema práctico: cómo funciona la enervación extraordinaria
1. Se presenta una demanda de desahucio por impago.
La persona arrendataria acredita su situación de vulnerabilidad económica.
2. Comunicación a la Administración.
Se comunica inmediatamente la vulnerabilidad económica a la Administración competente.
3. Plazo máximo de dos meses.
Se suspende el procedimiento y, en su caso, el lanzamiento.
¿Qué hace la Administración?
Opción A
Ofrece vivienda adecuada
No tiene que pagar la deuda por esta vía. La oferta no equivale a enervación. La deuda del arrendatario sigue pendiente hasta su pago.
Opción B
No ofrece vivienda
Debe pagar o consignar la totalidad de la deuda, las cantidades devengadas y las costas.
4. Si paga íntegramente
Se enerva la acción, termina el procedimiento y continúa el contrato de arrendamiento. Pero lo lógico es que el arrendatario vuelva a dejar de pagar y vuelta al juzgado, con nuevo procedimiento y nueva deuda.
5. Si pasan dos meses sin vivienda ni pago
La Administración queda subrogada automáticamente en la posición deudora del arrendatario. No procede el lanzamiento y el contrato se mantiene hasta su expiración mientras persista la vulnerabilidad económica. El arrendador cobrará, ¿pero cuándo?
12. Algunas cuestiones que habrá que aclarar en la práctica judicial
Aunque la regulación establece un mecanismo bastante detallado, hay aspectos que previsiblemente generarán controversia:
¿Qué ocurre exactamente con el procedimiento cuando la Administración ofrece una alternativa habitacional, pero no paga la deuda? La ley no desarrolla expresamente el momento ni el trámite concreto de reanudación.
¿Cuál es el alcance económico exacto de la subrogación administrativa y cómo se articula su reclamación?
¿Qué ocurre con las rentas que se devenguen después de la subrogación?
¿Cómo se acredita y se mantiene la situación de vulnerabilidad económica a lo largo del tiempo?
Son cuestiones relevantes porque afectan directamente al derecho del propietario a recuperar su inmueble y al derecho del arrendatario a mantener su vivienda.
CONCLUSIÓN
La enervación extraordinaria supone un cambio muy importante en los procedimientos de desahucio por impago.
Hasta ahora, la enervación dependía esencialmente de que el arrendatario pudiera pagar las cantidades adeudadas y cumpliera los requisitos legales.
Con la nueva regulación, cuando existe vulnerabilidad económica, entra en juego la Administración pública, que dispone de dos meses para ofrecer una alternativa habitacional adecuada o, si no lo hace, pagar la deuda y las costas para evitar el desahucio.
Y si tampoco cumple ninguna de esas dos alternativas, la ley establece la subrogación automática de la Administración en la posición deudora y la imposibilidad de practicar el lanzamiento mientras opere la protección legal.
Una cuestión que merece ser seguida muy de cerca por propietarios, inversores, arrendadores y profesionales inmobiliarios. Porque ya no estamos hablando únicamente de cuándo puede enervar un inquilino un desahucio, sino de cuándo y cómo debe intervenir la Administración para evitar que se produzca el lanzamiento.
Como conclusión diré que la palabra desahucio la oigo constantemente y con habitualidad pero si la leo con pausa me parece horrible (DESAHUCIO).